EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA SEGURIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA SEGURIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación del servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, por un valor estimado de 58.037.037,60 euros y un importe máximo de licitación de 34.666.869,71 euros.

Con este acuerdo se renueva el contrato firmado el pasado 1 de octubre de 2014 mediante el cual entró en vigor el servicio de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios por parte de vigilantes de seguridad privada, bajo la supervisión y el control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El servicio de apoyo se prestará en los 67 centros penitenciarios que existen en España, mediante 203 puestos de trabajo, con una duración de doce o de veinticuatro horas, lo que supone más de novecientas personas empleadas.

Servicios a prestar

Los servicios a prestar por los vigilantes de seguridad privada incluirán los puestos de vigilancia que se determinen en el perímetro de las instalaciones, control de accesos (que se desarrollará con armas de fuego), observación de los circuitos cerrados de televisión, análisis de las señales de alarma, gestión de las mismas y comunicación al responsable policial.

Cabe recordar que la Ley de Seguridad Privada, del 4 de abril de 2014, permite a las empresas de seguridad privada prestar el servicio de vigilancia perimetral de centros penitenciarios cuando así se decida por el órgano competente y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La contratación de este servicio de apoyo se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, conforme a la normativa vigente en materia de contratos del sector público, ya que el contrato exige la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar y con la salida y entrada de reclusos, todas ellas circunstancias excepcionales que requieren la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado




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