Sentencia: Culpable de amenazas a un compañero durante el ejercicio de sus funciones en un supermercado


Sentencia que refleja una situación más que habitual y que le sucede con demasiada frecuencia al personal de seguridad privada en los supermercados. Para todos aquellos que comenzáis en éste gremio, esto suele ser el pan de cada día, de ahí que esté en ésta web. En la mano del vigilante queda que estos hechos no vayan a más ya que el cometido de éste no es el hacer combates con gente a la que les falta un tornillo. En éste caso el compañero acudió a la justicia para que ésta resolviera el entuerto, siendo favorable la sentencia dictada hacia su persona.
En la sentencia, cómo actor principal aparece un compañero de la empresa Prosegur, que presta servicio en el MERCADONA de la calle Carbonero de Valladolid. Los hechos ocurrieron sobre las 10,45 horas del día 17 de marzo del año 2016 cuando un cliente, tras entrar en el establecimiento y estar más pendiente del vigilante que de comprar, se dirigió al compañero en los siguientes términos: "eres un hijo de puta que me estás siguiendo, vamos fuera que te voy a dar lo tuyo". Evidentemente se le invita a salir a la calle debido al consiguiente espectáculo que estaría formando, saliendo con él por la zona del estacionamiento. Según la sentencia, el figura va y se mete la mano en el bolsillo del pantalón y le dice al vigilante "sal aquí que te voy a apuñalar, te voy a quemar la moto y el coche". Señalando el vehículo particular del denunciante, que ese día acudió en moto pero otros días va en coche y que esta persona conoce por ser habitual del establecimiento. Evidentemente estos echos fueron denunciados.
Cabe decir que la situación en la que la gente se suele sentir vigilada es muy habitual en los supermercados y grandes superficies. Pero más habitual es que el vigilante vigile y de rondas por los pasillos que para eso está. Si alguien se siente "observado" ya que piensa que se le persigue porque vaya a robar, allá él o ella. Dicen que teme algo el que tiene que temer. Este que escribe no tiene problemas en tener a un compañero detrás mía cuando voy de compras ya que yo no robo ni hurto. Simplemente compro. Por lo tanto no me suelo sentir por aludido absolutamente en nada.
Finalmente, en la sentencia, es condenado el actor amenazante por una falta leve de amenazas.
La sentencia sobre este procedimiento penal de Juicio por delito leve no suelen tener multas llamativas, pero las costas, a las que ha sido condenado a pagar por el proceso judicial si, y no son precisamente "baratas". Por lo tanto, la próxima vez éste se pensará en amenazar a vigilantes cuando se tenga que rascar el bolsillo.


SAP, Penal del 01 de Julio del 2016 (ROJ: SAPVA 612/2016 - ECLI:ES:APVA:2016:612)
Recurso: 555/2016 | Ponente: FERNANDO PIZARRO GARCIA
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
VALLADOLID
SENTENCIA: 00157/2016
Rollo: ADL APELACION JUICIO SOBRE DELITOS LEVES nº 555/2016
Órgano procedencia: JDO. INSTRUCCION nº 6 de VALLADOLID
Procedimiento de origen: JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 79/2016
SENTENCIA nº 157/2016
En Valladolid, a uno de Julio de dos mil dieciséis.
El Ilmo. D. Fernando Pizarro García, magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento penal de Juicio por delito leve, seguido contra don Dimas , siendo partes en esta instancia, como apelante, don Elias y, como apelados, el Ministerio Fiscal y el expresado Dimas .
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El Juez de Instrucción núm. Seis de Valladolid, con fecha 16 de mayo de 2016 dictó sentencia en el Juicio por delito leve del que dimana este recurso, resolución en la que se declararon como hechos probados los siguientes:
"El día 18 de marzo del año 2016 se formuló denuncia por Elias vigilante de seguridad nº NUM000 de la empresa Prosegur, por los hechos ocurridos sobre las 10,45 horas del día 17 de marzo del año 2016 en el establecimiento MERCADONA de la calle Carbonero de Valladolid. Manifestando en la denuncia que el denunciado Dimas tras entrar en el establecimiento y estar más pendiente de él que de comprar, le ha dicho "eres un hijo de puta que me estás siguiendo, vamos fuera que te voy a dar lo tuyo", por lo que le ha dicho que se fuera del comercio y ha salido con él por la zona del estacionamiento. Donde él se ha metido la mano en el bolsillo del pantalón y le ha dicho "sal aquí que te voy a apuñalar, te voy a quemar la moto y el coche". Señalando el vehículo particular del denunciante, que ese día acudió en moto pero otros días va en coche y que esta persona conoce por ser habitual del establecimiento. Que se ha ido del parking y se ha quedado con otras personas en el parque frente al comercio desde donde le hacía gestos con la mano de que saliera, por lo que ha llamado a la policial local. Hechos estos denunciados que no han resultado acreditados en el acto del juicio."
2.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:
"A Dimas del delito leve de amenazas del que ha sido acusado. Declarando de oficio las costas procesales causadas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes instruyéndoles de su derecho a recurrirla en apelación, ante la Ilma Audiencia Provincial de Valladolid en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al de su notificación, quedando durante los mismos los autos a disposición de las partes en esta Secretaria, haciéndoles saber que el recurso deberá ser formalizado y tramitado de conformidad con los artículos 790 a 792 de la LECrim .
Notifíquese la sentencia a los ofendidos y perjudicados por la falta, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento.
Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones originales y se incluirá en el Libro de sentencias, lo pronuncio, mando y firmo."
3.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por don Elias , que fue admitido en ambos efectos, y practicados los trámites oportunos, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal, donde se registraron, se formó el rollo de Sala y se turnaron de ponencia.
4.- No habiéndose propuesto diligencias probatorias y al estimarse innecesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia.
5.- Como fundamentos de impugnación de la sentencia se alega error en la valoración de la prueba e infracción de precepto legal.
HECHOS PROBADOS
Se aceptan, en lo sustancial, los hechos declarados probados en la sentencia de instancia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La sentencia de la instancia absuelve al acusado por considerar la juzgadora que "la prueba practicada en el acto del juicio es insuficiente para (...) adquirir la plena convicción sobre las amenazas denunciadas".
Frente a tal conclusión, por Elias (en adelante el denunciante) se interpone recurso de apelación alegando, en síntesis, [a] que la sentencia apelada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, y [b] que en el acto de la vista se practicó prueba que acredita la realidad de los hechos denunciados.
[a] La primera de dichas alegaciones ha de ser desestimada toda vez que, habida cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho a obtener una respuesta fundada en derecho (y no a que las decisiones de los Tribunales sean satisfactorias para los litigantes o acordes con los deseos de estos o sus aspiraciones), habrá de concluirse que no pude admitirse que la sentencia apelada vulnere el indicado derecho por el hecho de que la juzgadora de instancia, tras valorar con las ventajas que le proporcionó la inmediación las pruebas practicadas en el acto de la vista, concluyera que no había quedado acreditada la realidad de los hechos denunciados.
[b] Antes de entrar en la valoración de las alegaciones que integran la segunda de las alegaciones que integran el recurso, parece oportuno recordar que, a partir de su sentencia de 18 septiembre de 2002, el Tribunal Constitucional viene sosteniendo que "la condena en segunda instancia tras una anterior sentencia absolutoria supone una infracción de la presunción de inocencia (que sólo puede ser desvirtuada en virtud de la existencia de una mínima y suficiente actividad probatoria producida con las debidas garantías procesales, es decir la practicada bajo la inmediación del órgano jurisdiccional y sometida a los principios de contradicción y de publicidad"), y que "el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción, por lo que, cuando la apelación se plantee contra una sentencia absolutoria y el motivo de apelación concreto verse sobre cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las que dependa la condena o absolución del acusado, la revocación de dicho pronunciamiento absolutorio sólo sería posible previa la celebración de vista pública en la segunda instancia para que el órgano judicial de apelación pudiera resolver tomando un conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas", añadiendo dicho Tribunal que tal pronunciamiento absolutorio sólo puede ser revocado en la alzada (sin que ello vulnere el principio de presunción de inocencia ni el derecho a la tutela judicial efectiva), bien cuando las pruebas personales hayan sido valoradas por el juez de instancia con un razonamiento probatorio que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva por resultar absurdo, irracional o arbitrario, bien cuando en la causa haya otras pruebas (pericial, documental) cuya valoración pueda efectuar el Tribunal en igualdad de condiciones que el juzgador de instancia y hayan sido valoradas de forma errónea por dicho juzgador.
Resulta claro, en consecuencia, que la sentencia que se dicta al resolver el recurso de apelación no puede considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado inicialmente absuelto, con base a pruebas personales, por cuanto quien dicta tal sentencia no presencia aquellas pruebas personales que fundaron la declaración absolutoria, de manera que ha de entenderse que no cabe de facto revocar en la segunda instancia las sentencias absolutorias dictadas en las causas en las que la práctica de la prueba depende en gran medida de los principios de inmediación, oralidad y contradicción, salvo cuando el razonamiento probatorio del juzgador a quo vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva por resultar absurdo, irracional o arbitrario.
Se trata, pues, en esta instancia de dilucidar a], si las pruebas personales han sido valoradas por el juez de instancia con un razonamiento probatorio que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva por resultar absurdo, irracional o arbitrario, siendo necesario por ello modificar el relato de hechos probados de la sentencia apelada, y b], si en la causa hay otras pruebas (pericial, documental) cuya valoración pueda efectuar el Tribunal en igualdad de condiciones que el juzgador de instancia y resulten suficientes para modificar el indicado relato.
En lo que atañe a las pruebas personales (únicas prácticas en el presente), quien ahora resuelve en esta instancia, respetando en cualquier caso el principio de inmediación personal de la juzgadora a quo, en los términos del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , ha podido comprobar, mediante los autos elevados en esta alzada la realidad de lo manifestado por dicha juzgadora, sin observar patente o grosero error entre los razonamientos de la sentencia y lo establecido en su parte dispositiva, comprobando así mismo que lo actuado en la causa justifica la conclusión probatoria en la que se sustenta el pronunciamiento absolutorio que pone fin a la sentencia apelada, sin que tal conclusión pueda ser tildada de errónea por el hecho de que, tras valorar con las ventajas que le proporcionó la inmediación la prueba practicada en el acto de la vista, dicha juzgadora no atribuyera el valor probatorio pretendido a las manifestaciones hechas por el denunciante, habiendo de significarse, por otra parte, que el contenido de la sentencia dictada en el Juicio por Delito Leve seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. Cinco de Valladolid bajo el núm. 143/16 no puede tener la eficacia pretendida por cuanto, por una parte, el resultado probatorio al que llegó la juzgadora que dictó dicha sentencia en nada vinculaba a quien dictó la de la presente causa (entre otras razones porque son conclusiones obtenidas como consecuencia de pruebas distintas practicadas en vitas orales diferentes), y, por otra, la expresión que de la sentencia dictada en el referido Juicio por Delito Leve se invoca hace referencia a lo manifestado por el allí denunciante, no en relación con los hechos enjuiciados en esta causa (los ocurridos el día 17 y de los que el aludido denunciante no fue testigo), sino con los sucedidos, por un lado, el día 16 ( los enjuiciados en el Juicio por Delito Leve seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. Cinco de Valladolid bajo el núm. 143/16 ) y, por otro, "días antes" [del referido día 16], no pudiendo, por ello, referirse dicho denunciante a los enjuiciados en esta causa puesto que ocurrieron un día 17, esto es, un día después.
Por todo ello, hemos de concluir que la valoración probatoria hecha por la juzgadora de Instancia y la conclusión obtenida por la misma no pueden ser modificadas por quien ahora resuelve (que, como viene diciendo, no ha presenciado la prueba practicada en el acto de la vista) puesto que se evidencia que el criterio valorativo de dicha juzgadora resulta razonable y razonado y coherente con la prueba practicada, sin que pueda por tal motivo quien dicta esta resolución en alzada pueda resolver las dudas racionales que la repetida juzgadora alberga sobre la realidad de los hechos denunciados, ni tampoco suplir el pronunciamiento absolutorio por otro condenatorio para el acusado sin un mínimo de actividad probatoria enervadora de la presunción de inocencia del mismo, y para el que, como se ha dicho, habría sido necesaria la apreciación personal por quien ahora resuelve en alzada de la pruebas propuestas por las partes.
En apoyo de la confirmación de la sentencia apelada ha de invocarse, por otra parte, lo dispuesto en la redacción dada al artículo 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, precepto en el que se establece que "la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia".
Segundo.- Procede imponer a la apelante las costas de esta instancia.
Vistos los artículos de pertinente y general aplicación,
FALLO:
Que, desestimando el recurso interpuesto por don Elias contra la sentencia dictada en el Juicio por delito leve seguido ante el juzgado de Instrucción núm. Seis de Valladolid bajo el núm. 79/16, debo confirmar y confirmo dicha resolución, imponiendo al expresado apelante las costas de esta instancia.
Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos, para su cumplimiento, y una vez se reciba su acuse archívese el presente, previa nota en los libros.
Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que doy fe.-




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