Nuevo Reglamento de Explosivos 2017



I. DISPOSICIONES GENERALES
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

I

El Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles. Dicho real decreto regulaba asimismo los requisitos y condiciones de la fabricación, circulación, almacenamiento, comercio y tenencia de explosivos, cartuchería y pirotecnia.
La aprobación del Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, supuso un hito esencial en cuanto a que exceptuó a la pirotecnia y la cartuchería del ámbito de aplicación del Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, separando en dos reglamentos diferentes ambas materias, por un lado, los explosivos de uso civil, quedando regulados por Real Decreto 230/1998, y por otro, los artículos pirotécnicos y la cartuchería, regulados actualmente por el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, cuya justificación se basa en el hecho de que los requerimientos técnicos en el ámbito de la seguridad no tienen el mismo grado de complejidad y exigencia.
En el ámbito europeo, y mediante el Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos, se regula la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, se adopta un marco para la vigilancia del mercado de los productos y para los controles de los productos procedentes de terceros países y se establecen los principios generales del marcado CE.
Posteriormente, se publica la Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos, que establece principios comunes y disposiciones de referencia aplicables a toda la legislación sectorial con el fin de establecer una base coherente para la elaboración, revisión o refundición de dicha legislación.
Con la finalidad de adaptar la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, a los principios de la Decisión n.º 768/2008/CE, la Comisión Europea, consideró necesaria una revisión fundamental de esta Directiva, para además armonizar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor en los Estados Miembros y, para garantizar la libre circulación de los explosivos con fines civiles en el mercado interior, asegurando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud y de la seguridad humanas y la protección de los consumidores y de los usuarios profesionales finales.
Por todo lo anterior, fue aprobada la Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (versión refundida), por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.

Esta nueva Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, requiere la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico a través de una norma que sustituya al Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, y sus posteriores modificaciones.

Asimismo, las transformaciones administrativas, económicas y técnicas producidas desde el año 1998, en que fue promulgado el actual Reglamento de explosivos, hacían necesaria una revisión global del mismo, adaptándolo al progreso tecnológico y a la administración electrónica.
Por todos estos motivos se ha elaborado este real decreto por el que se aprueba el Reglamento de explosivos, que incluye, entre otras disposiciones, aquellas que tienen por objeto la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.





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