Sentencia: Sanción a empresa por infracción muy grave Y multa de 30.001€ por tener a auxiliares haciendo de vigilantes


Los hechos sobre los que se sustenta la infracción imputada son los recogidos en el Acta de inspección 15 de mayo de 2012 y en el Informe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, de 5 de junio de 2012, en los que se hace constar:

"En la inspección efectuada el 15 de mayo de 2012, a las 10:45 horas, por funcionarios adscritos a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, al servicio que se estaba prestando en el Centro Cultural "La Almona", sito en la C/ La Mina s/n, de Dos Hermanas (Sevilla), se observó que en el hall y tras un mostrador, se encontraba Dª. XXX , con D.N.I. n NUM000 , trabajadora de la empresa "XXXX.S.L."; vestía uniforme compuesto por pantalón verde pistacho con vivos amarillos, camisa beige de manga larga con tapa bolsillos en el pecho y hombreras, cinturón de cuero negro con hebilla metálica, ostentando en su brazo izquierdo el anagrama de la empresa con fondo verde y el texto: "XXXXX, S.L., MANTENIMIENTO y CONTROL", también ostentaba anagrama a la altura del pecho izquierdo en forma rectangular y fondo verde con el texto antes descrito, siendo el uniforme descrito similar al usado por los vigilantes de seguridad de la empresa "XXXX SEGURIDAD, S.L." Dª. XXXX disponía para la realización de su servicio de un circuito cerrado de televisión (CCTV), compuesto por dos monitores que se encontraban encendidos y fragmentados en los que se visionaban las imágenes emitidas por las doce cámaras de vigilancia instaladas en el centro, en pasillos, accesos y zonas comunes del inmueble, siendo estas imágenes registradas en soporte digital de grabación existente junto a los monitores. Dª. XXXX carecía de habilitación para la realización de funciones como vigilante de seguridad. La empresa "XXXXXX, S.L." , no se encontraba inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior."

El órgano sancionador calificó tales hechos como constitutivos de infracción muy grave del artículo 22. 1.a) de la Ley de Seguridad Privada, que sanciona: "La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria", en relación con el artículo 1.2 del mismo texto legal que establece: "A los efectos de esta Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza, los guardapescas marítimos y los detectives privados.", y con el articulo 7.2 que dispone: "Para la prestación de los servicios y actividades de seguridad privada contemplados en esta Ley , las empresas de seguridad deberán obtener la oportuna autorización administrativa por el procedimiento que se determine reglamentariamente.", tipificada igualmente en el artículo 148.1.a), del Reglamento de Seguridad Privada.

Así las cosas, procede confirmar en su totalidad la sentencia apelada pues, primero, hace una correcta valoración de los hechos y pruebas practicadas, y segundo, porque fundamenta la imputación de la infracción sobre tales hechos, cuando declara:

"En cuanto a la tipicidad y la gravedad de la infracción no resulta indispensable evidenciar cuál pudiera ser la verdadera intencionalidad de la parte demandante usando a una trabajadora para ejercer las funciones denunciadas. La Administración viene indicando en otras ocasiones semejantes que: "...De un tiempo a esta parte, se ha detectado que las Empresas de Seguridad que están autorizadas para prestar servicios de seguridad, tienen una Empresa de Servicios, con el fin de sustituir a los Vigilantes de Seguridad por personas sin cualificación y sin preparación específica en el ámbito de la seguridad, con lo que se consigue eludir la aplicación de controles e inspecciones que realiza esta Unidad Provincial de Seguridad Privada. Estas personas contratadas por las Empresas de Servicios, realizan funciones que están reglamentadas en la normativa de Seguridad Privada, vistiendo uniforme que inducen a una total confusión con los propios de los Vigilantes de Seguridad que pertenecen a Empresas de Seguridad...".  En este caso el interesado reunía aquellos indicios sólidos de prestar funciones de vigilancia y de seguridad privada; tampoco cabe olvidar que, en materia de contrataciones irregulares no puede esperarse una conducta transparente del infractor y que en este ámbito de la seguridad privada existe una peculiar situación advertida por el preámbulo de la Ley de Seguridad Privada al decir: "El análisis del sector y de sus circunstancias ponen de relieve que paralelamente a su crecimiento han aparecido numerosos problemas, tales como el intrusismo, la falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de los vigilantes, irregularidades en su funcionamiento y comisión de numerosas infracciones, así como la ausencia sobrevenida de requisitos esenciales" ."

Por lo tanto se desestima el recurso de apelación sobre la imposición a la empresa demandante de imponer la sanción de multa de 30.001 euros prevista en el artículo 61.1.a de la Ley de Seguridad Privada 5/2014 al ser más favorable el importe de la sanción que el fijado por la anterior normativa, y en concepto de una infracción muy grave tipificada en dichos preceptos legales.
Contra esta sentencia cabe recurso. VER SENTENCIA

No hay comentarios