Sentencia: Seguriber sancionada por falta muy grave por infringir los artículos 9.1 y 57.1.p de la Ley de S.P.

La sanción se basa en el acta de inspección realizada por funcionarios policiales a las 10 horas y 20 minutos del día 09 de diciembre de 2014 adscritos a la Brigada Central de Inspección e Investigación, Sección operativa de Inspección, Grupo II, de la Unidad Central de Seguridad Privada, en la Comunidad de propietarios " DIRECCION000 - DIRECCION002 " contratado con la empresa de seguridad "SEGURIBER", mediante contrato número NUMXXX de fecha 11/01/2007.

En el servicio inspeccionado se encuentran dos vigilantes armados, a los que les pasan las alarmas por teléfono distintas centrales receptoras y estos acuden con los vehículos patrulla. Disponen de caja fuerte con llaves de los domicilios para acceder a ellos y verificar las incidencias producidas.

El problema es que según la sentencia, el contrato que tienen es para patrullar la urbanización y no para asistir las alarmas, y menos sin formalizar los contratos correspondientes para tal fin. De todo ello se deduce, según la sentencia que los vigilantes de seguridad, que prestaban servicio por cuenta y orden de SEGURIBER en realidad estaban prestando un servicio "acuda" con custodia de llaves, consiste básicamente en enviar a un Vigilante de Seguridad al lugar del incidente cuando se ha disparado el sistema de alarma, sin haber concertado previamente el correspondiente contrato. En el momento que se disparaba la alarma, ésta manda un aviso a la central receptora y dicha central llama al número de teléfono del Vigilante de Seguridad de SEGURIBER y comprueba la incidencia del disparo de alarma.
El artículo 9.1 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, especifica que "No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido previamente contratado y, en su caso, autorizado".
El artículo 57.1.p) de la LSP tipifica como muy grave "La prestación de servicios de seguridad privada sin formalizar los correspondientes contratos".

Así pues, la prestación de servicios de seguridad Privada sin formalizar los correspondientes contratos constituye una infracción administrativa calificada como MUY GRAVE en el artículo 57.1.p) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada , en su relación con el artículo 9.1 de la misma Ley y el artículo 49.4 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, para la que se prevé una multa entre 30.060 euros y 601.000 euros.

Por lo tanto se desestima el recurso impuesto por la empresa, por la que se le impone una sanción de 30.001 euros de multa, al considerarle autor responsable de una infracción tipificada como muy grave, en el art. 57.1.p) de la Ley 5/2014, de 4 de Abril, de Seguridad Privada , en relación con el art. 9.1 de la citada Ley , resolución que se confirma porque es ajustada a Derecho.

Contra esta sentencia cabe recurso.......



*AVISO: Debido a las normas establecidas por el fondo documental de sentencias del poder judicial para el uso del documento, no podemos poner la opción de descargar la sentencia. Sólo consulta







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