Tener a empleados haciendo de vigilantes sin serlo son 30000€ de sanción

Sentencia 48/2018 dictada por la Audiencia Nacional que recoge como se le impone a un empresa una sanción de multa de 30.001 euros prevista en el artículo 61.1.a) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 57.1.a) en relación con los artículos 10.1 y 18.1 de la Ley, y en el artículo 148.1.a) en relación al artículo 2.1 del Real Decreto 2364/1994, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.



Se detalla cómo un trabajador que no era vigilante de seguridad habilitado y quien manifestó ante los agentes actuantes, y así se recoge en la misma, que sus funciones consistían en realizar rondas, una cada hora, por el lugar que vigilaba, controlando el parking, los bares, el exterior de un concesionario de coches; y que cuando hacía las rondas iba fichando por unos puntos de control, concretamente uno en el exterior y cuatro en el interior y en el caso de observar algún tipo de alteración avisaba a la policía municipal.

Añadió además que otra función que realizaba era la de comprobar las alarmas que se produciesen en el establecimiento de coches ya que es la persona que recibe la llamada de la central de alarmas cuando se activa una señal de alarma, conociendo la clave de desactivación y la contraseña de la alarma del concesionario.




Por tanto, y según se recoge, se aplica el régimen sancionador a las empresas y personal que en el ejercicio de actividades que no son propiamente de seguridad privada y, por tanto, no precisan de la autorización ni de la habilitación regulada en la Ley 5/2014 -sin perjuicio de las exigencias de la normativa sectorial de aplicación-, realicen algunas de las actividades que para la Ley son de seguridad privada o presten servicios o funciones reservadas al personal de seguridad privada, primordialmente vigilantes de seguridad.


Por lo cual se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la empresa recurrente contra la sentencia número 18/2018, de 13 de febrero de 2018 , dictada por la Magistrada Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 en el procedimiento ordinario número 17/2017, que se confirma.

Aún así cabe la posibilidad de un recurso contra la misma.

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