Desestimado el recurso de la Abogacía del Estado por una sanción a una empresa de servicios de 30.001 euros

Sentencia Nº AN:2019:749 dónde se desestima el recurso de la Abogacía del Estado por una sanción a una empresa de servicios de 30.001 euros prevista en el artículo 61,1 a) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (LSP), por la comisión de una infracción muy grave.


El relato de los hechos fácticos recogidos en la sentencia es el siguiente:

Partiendo del contenido del Acta de inspección de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Aragón de fecha 1/4/17 como del Oficio-denuncia de tal Unidad de fecha 28/4/17, se desprende, de entrada, el que la actuación policial vino motivada por una denuncia interpuesta en la web policial en fecha 24/3/17 y conforme a la cual la recurrente vendría prestando servicios de seguridad privada careciendo de autorización para ello. En aras a constatar tales extremos, se personaron los funcionarios actuantes en las instalaciones en cuestión. Tan pronto como alcanzaron el lugar los miembros de la Fuerza Pública demandaron la identificación de los empleados de la recurrente. A tal efecto, consta la descripción de su vestimenta. Mientras que la Sra. XXXX vestiría "de paisano", el Sr. XXXX llevaba "zapatos negros, pantalón gris oscuro, jersey azul marino con bolsillo sobre pecho izquierdo con la leyenda auxiliar de servicios, y camisa blanca con emblema de la empresa en el brazo izquierdo". De las manifestaciones vertidas por el Sr. XXXX se colige el que si bien éste define sus funciones como "de vigilancia", precisa que "su cometido era evitar que pudiera entrar gente que no era de la empresa", de forma que cuando "no hay nadie trabajo cerraban las puertas y hacían rondas cada una o dos horas por el interior del vallado, tanto a pie como en su vehículo, anotando las incidencias que pudieran surgir en informes diarios".

En similares términos, en la declaración prestada por el Jefe de turno en la entidad Seguridad de Servicio Móvil, S.L.U. se afirma que tales empleados, además de vigilar las instalaciones "para que no accediera nadie ajeno a las mismas", también "controlaban los contadores de agua potable e industrial, comprobaban el estado de las instalaciones, las caídas de corriente eléctrica" o el "funcionamiento del grupo de incendios". Asevera que no realizaban labores de limpieza o mantenimiento y descarta el que éstos visionaran "las imágenes que captaban las cámaras de video vigilancia".

A tenor de cuanto antecede, solo cabe afirmar que las circunstancias que en la inspección policial practicada pudieron apreciarse no presentan fuerza suficiente para  permitir tener por acreditada la conducta sancionada, de forma tal que, en aplicación del principio de presunción de inocencia, debe concluirse que no existe, en este caso, prueba de cargo bastante de los hechos imputados.


El juez acepta el argumento de la entidad de que dichos empleados se limitaban a controlar y verificar el funcionamiento de los servicios e instalaciones del edificio, apertura y cierre de puertas, recepción de correo y paquetería, y que, si bien realizaban rondas, la finalidad de las mismas eran la de controlar el tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de las instalaciones, además de comprobar el estado y funcionamiento de las instalaciones; funciones que son de las no reservadas a los vigilantes de seguridad.


Por esto se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado



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