Sanción a empresa por tener a personal no habilitado en una obra ejerciendo funciones de Vigilante de Seguridad



Sentencia Nº AN:2019:482 en la que le meten a una empresa no habilitada para prestar servicios de seguridad, la cuantía de 30.001 euros prevista en el artículo 61.1.a) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de JURISPRUDENCIA 2 Seguridad Privada , por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 57.1.a), en relación con los artículos 10.1 y 18.1 de la Ley, y en el artículo 148.1.a), en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto 2364/1994 , que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.






El relato fáctico recogido en la sentencia explica tal cual que "Siendo las 07:00 horas, del día 3 de abril de 2017, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Casas de D. Antonio de la Compañía de la Guardia Civil de Cáceres, constataron que en el pasaje "Obras AVE Cáceres-AIjucén", del término municipal de Rincón de Ballesteros (Cáceres), dos personas ejercían funciones de vigilancia en ese tramo de obras resultando, ambos contratados por la empresa XXXXX. 

Dicha empresa, formalizó anteriormente un contrato de arrendamiento de servicios de protección y control de obra e instalaciones con "Ferrovial Agremán, S.A." (Contrato número: NUM000 , firmado en Mérida a 13 de julio de 2015) que tenía contratada con "ADIF Alta Velocidad" la ejecución del tramo ferroviario Cáceres-Mérida. 

Los trabajadores de XXXXX , realizaban sus funciones cuando no había otros obreros trabajando en la vía del AVE, en el tramo Cáceres-AIjucén, en horario de 19.00 a 07:00 horas los días laborables y, los fines de semana, completos desde las 19:00 horas del viernes hasta las 07:00 horas del lunes. 

Estas funciones consistían en la vigilancia de la maquinaria de obras, de las instalaciones de la vía AVE y del personal que accedía a las obras fuera del horario de los obreros. La vigilancia era para evitar robos/daños en las obras. En el contrato firmado entre las dos empresas se expone en su punto Ill que, XXXXXXX, tiene como actividad la prestación de servicios de protección y control de accesos e instalaciones de edificios por cuenta ajena, para lo que posee los correspondientes medios materiales y humanos que son necesarios. En ese mismo contrato se estipula, en primer lugar, que "constituye el objeto del contrato la prestación de servicios de protección, custodia y guardería en las obras descritas en el expositivo primero del presente contrato, realizando la vigilancia y el control tanto de los accesos, como de los materiales e instalaciones existentes en la obra o centro." En la séptima estipulación B), se obliga a la empresa XXXXXX, a que "El personal de la Empresa de Protección y Control en obra deberá disponer de la documentación legal requerida emitida por el Ministerio del Interior que le acredite como vigilante de seguridad." Por último, en el punto decimocuarto del Anexo I, se convino que la documentación mínima que debía aportar la empresa XXXXX, al inicio del contrato debería haber incluido la "Documentación del Ministerio del Interior que acredite que cada vigilante que vaya a prestar sus servicios en la obra, dispone de los certificados de homologación oficial legalmente exigibles." 

Consultadas las bases de seguridad privada obrantes en el Ministerio del Interior se constató que los"vigilantes" , no estaban habilitados como personal de seguridad privada; y, a su vez, la empresa XXXXX, no aparecía registrada como empresa de seguridad privada en el Registro Nacional de Seguridad Privada, del mencionado Ministerio."





Es por esto que su señoría desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la empresa contra la sentencia de fecha 20 de julio de 2018 , dictada por la Magistrada Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, en el procedimiento ordinario número 51/2017, que se confirma.

A la vez, con esta sentencia se demuestra el cachondeo que hay en cuanto al acceso de ciertas empresas a los concursos públicos, dónde no se ejerce ningún tipo de control efectivo por la administración para que se CUMPLAN LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN EN LAS REGLAS QUE ELLOS MISMOS PONEN.



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